Las comunidades campesinas e indígenas, la ciudadanía, científicas y científicos, además de organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace, han dado grandes pasos en México para evitar que la biodiversidad, la agrobiodiversidad, el medio ambiente, la salud y la cultura se dañen por la entrada de transgénicos a territorio mexicano para beneficio de empresas transnacionales.
Te presentamos una cronología con los momentos más importantes para las y los defensores del campo, las tradiciones y el planeta Tierra:
El inicio de una lucha
En 1999, activistas de Greenpeace detectaron maíz transgénico dentro de importaciones en el puerto de Veracruz. Tres años después, diversas organizaciones, entre ellas Greenpeace, junto con las comunidades de Oaxaca afectadas por la contaminación transgénica de maíz nativo, denunciaron la contaminación genética ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN), quien confirmó la contaminación genética del maíz en Oaxaca y recomendó mantener una moratoria a la liberación comercial del maíz en México.
Durante este tiempo, con Ernesto Zedillo como presidente, el gobierno creó organismos enfocados a la bioseguridad y legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron la primera iniciativa de ley sobre bioseguridad de Organismo genéticamente modificado (OGM).
En 2005, se publicó la LBOGM en el Diario Oficial de la Federación y en ese mismo año Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences solicitaron y recibieron siete permisos para cultivar maíz transgénico en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Sin embargo, en noviembre de 2005 la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ahora Secretaria de Desarrollo Rural (SADER), se vio forzada a rescindir dichos permisos por incumplir los requisitos legales. Un año después, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) se pronuncia en contra de la liberación al ambiente del maíz transgénico a nivel experimental, piloto y comercial. El Instituto Nacional de Ecología (INE) , a su vez, toma una postura abierta contra la liberación a nivel piloto y comercial.
La defensiva de Monsanto
En 2007, una variedad de arroz transgénico no autorizada para consumo humano, denominada Bayer LL601 escapó de laboratorios experimentales en Estados Unidos y se importó a México. También se descubrió maíz transgénico en Chihuahua, introducido ilegalmente desde Estados Unidos.
En 2009, el presidente Felipe Calderón reformó el Reglamento de la LBOGM para levantar la moratoria impuesta al maíz transgénico, un mes después de haberse reunido con Hugh Grant, presidente de Monsanto, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Un año después, Monsanto solicitó y recibió la primera autorización para cultivar algodón transgénico a nivel comercial en Chihuahua, Coahuila y Durango; en 2012, la ahora Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) otorgó un permiso a esta empresa para la liberación comercial de la soya transgénica para 253 500 hectáreas en los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas.
En ese mismo año, apicultores mayas y comercializadores de miel en los estados de Yucatán y Campeche se ampararon en contra del permiso de soya Genéticamente modificada (GM). Un año después, en 2013, grupos de la sociedad civil mexicana formaron la “Colectividad del maíz”, y presentaron una acción colectiva contra la Semarnat, la Sagarpa, Monsanto, Syngenta Agro, Dow Agrosciences México y PHI México (Pioneer-Dupont). El Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del entonces Distrito Federal suspendió la emisión de permisos de siembra de maíz transgénico en la modalidad piloto y comercial.
La lucha de este pueblo indígena fue más allá. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluye que el permiso para la soya transgénica otorgado por la Sagarpa a Monsanto viola el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades mayas, y deja sin efecto su liberación en Yucatán y Campeche.
En 2016, el Gobierno de Yucatán expide el Decreto 418/2016 por el que se declara a ese estado zona libre de cultivos agrícolas con Organismo genéticamente modificado (OGM).
La lucha y la resistencia continúan
En 2016, el Poder Ejecutivo Federal, a cargo de Enrique Peña Nieto, presentó la controversia constitucional 233/2016 para demandar la invalidez del Decreto 418/2016, por el que se declara al estado de Yucatán zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados.
No obstante, en el año 2018, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, dijo como promesa de campaña prohibir la introducción y siembra de maíz Genéticamente modificado (GM).
Una vez que el mandatario se convirtió en presidente, la promesa no se ha cumplido. En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el Decreto 418/2016 por el que se declara a Yucatán zona libre de cultivos con Organismo genéticamente modificado (OGM) bajo el argumento de que corresponde a la Federación regular en materia de bioseguridad, incluida la determinación de Zona Libre de Transgénicos (ZLOGM).
Actualmente, el nuevo gobierno tiene la oportunidad de cumplir con el compromiso de prohibir los transgénicos en México y publicar el Decreto Presidencial para la prohibición de transgénicos y glifosato para 2024. Sin embargo, la lucha más grande la siguen dando pueblos, comunidades indígenas y sociedad civil. Una gran victoria de este 2020 fue que los pueblos mayas, la ciudadanía y las organizaciones civiles consiguieron que se revocara el permiso para la liberación de soya transgénica otorgado a Monsanto.
Si te interesa conocer más sobre la defensa de los derechos medioambientales frente al uso de transgénicos, te recomendamos leer: Los transgénicos en México: 20 años de resistencia y lucha.