El glifosato es un producto químico que elimina plantas no deseadas, es decir, es un herbicida; de hecho, es el herbicida más utilizado en todo el mundo. Sin embargo, se ha encontrado evidencia científica que demuestra que el glifosato no es un producto benigno, al contrario, pone en peligro el medio ambiente y la salud humana.
El glifosato ha sido considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno en humanos y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica, reportados en una amplia literatura científica.
En México, colectivos, campesinas, campesinos, científicas, científicos, artistas y organizaciones civiles a favor del medio ambiente y los Derechos Humanos han exigido al gobierno que investigue y prohíba el uso de transgénicos, así como de distintos herbicidas, entre ellos el glifosato.
En el caso de los transgénicos, las y los campesinos, los pueblos indígenas y organizaciones como Greenpeace han luchado hasta por más de 20 años para evitar que las empresas transnacionales introduzcan transgénicos a la tierra y a nuestros alimentos. Los transgénicos son utilizados principalmente por la agricultura industrial, ésta última utiliza más del 75% de la tierra agrícola del mundo y es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de acuerdo con el informe ¿Quién nos alimentará?.
En agosto pasado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) presentó un anteproyecto de decreto Presidencial para programar y coordinar estudios técnicos necesarios para determinar la seguridad del glifosato.
No obstante, este anteproyecto de decreto fue criticado por las organizaciones civiles, quienes aseguraron que imponía “intereses industriales a costa de potenciales daños a la población y al medio ambiente”.
Incluso el 4 de agosto, después de la publicación del anteproyecto de decreto en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) exigió una disculpa pública a la Sader por haber utilizado, sin su consentimiento, el nombre de su titular, Víctor Manuel Toledo, en ese anteproyecto de decreto presidencial. VíctorToledo dijo que ese decreto “no sólo no refleja, sino que contradice las instrucciones dadas por el Presidente de la República”.
Esta situación evidenció que el anteproyecto no ha sido dialogado entre las dependencias federales involucradas; también demuestra la posición del titular de la Sader, Víctor Manuel Villalobos, a favor del uso del paquete tecnológico empleado en la agricultura industrial y en detrimento del medio ambiente.
Por tal motivo, Greenpeace ha señalado que el titular de la Sader, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, ha actuado como un arduo promotor de los agrotóxicos, los monocultivos y los transgénicos por pasar por alto los daños potenciales del glifosato en el medio ambiente y la salud de las personas. Su postura favorece a la agroindustria, representada por las compañías Bayer-Monsanto, Dow-Dupont, Syngenta-ChemChina que dominan el 65 por ciento de las ventas mundiales de agroquímicos y el 61 por ciento del mercado de semillas.
Lo que es más grave: la posición personal de un funcionario, con intereses particulares, que está obstaculizando la publicación de un decreto presidencial que podría marcar la diferencia en la protección de la vida, la biodiversidad y la agrobiodiversidad mexicana.
Desde Greenpeace consideramos urgente que se prohíba el uso de transgénicos así como el uso del glifosato para el 2024, y se transite hacia una agricultura ecológica, para asegurar la salud humana y medio ambiental. La prohibición de glifosato para 2024 ayudaría a dar cumplimiento a la Recomendación 82/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en enero de 2094 y promovida por Greenpeace junto con más de 40 personas.
La Presidencia de México tiene la obligación y la oportunidad de garantizar la máxima protección a los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano, a través de la transición agroecológica y una política de fortalecimiento de la soberanía y autonomía alimentaria. ¿Cuánto más tiene que esperar nuestro país para que esto sea una realidad?