A metros de la barranca del Río Paraná, se detectó una bomba sumergida que evacuaba líquidos industriales contaminantes al suelo natural dentro del predio de la empresa. Un fallo judicial previo le prohíbe dicha práctica.
Buenos Aires, 2 de julio de 2025.- La justicia investiga un nuevo episodio de contaminación ambiental detectado por las autoridades. Las organizaciones Greenpeace y Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA) piden que el caso sea revisado exhaustivamente y sancionado al tratarse de un vuelco clandestino de efluentes industriales en la planta de Atanor en San Nicolás, en clara violación a una orden judicial que le prohíbe expresamente esta práctica.
La Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), que realizó una inspección en la planta de San Nicolás, detectó una bomba sumergida que evacuaba líquidos contaminantes al suelo natural dentro del predio de la empresa. Este sector se encuentra a metros de la barranca del río Paraná, por lo que la descarga podría representar un nuevo riesgo inminente de contaminación hídrica.
A raíz de este hecho, FOMEA solicitó recientemente a la jueza en la causa el dictado urgente de una nueva medida cautelar que suspenda el uso del recurso hídrico por parte de Atanor, hasta tanto se diseñe e implemente un sistema que evite desvíos ilegales de efluentes.
Fabián Maggi, abogado representante de los vecinos de San Nicolás que han logrado un fallo judicial en 2023 que compromete a Atanor a cumplir una serie de acciones de remediación ambiental, sostuvo: “Este caso refleja el accionar criminal de una empresa que no solo contamina, sino que además desafía las decisiones judiciales y pone en riesgo a comunidades enteras como una muestra de total desprecio por las leyes ambientales y la salud pública. Los funcionarios de la Autoridad del Agua declararon en audiencia judicial que no se puede garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir, por eso el Poder Judicial debe ordenar la inmediata clausura de esta industria que ya tiene una condena en Primera Instancia y fue ratificada por la Cámara de Apelaciones. Exigimos que se garanticen sanciones ejemplares, que se refuercen los controles estatales y que se actúe con la urgencia necesaria para proteger el río Paraná y los derechos de la población en riesgo”.
La jueza que lleva adelante la causa que encontró a Atanor culpable en 2023 de daño irreversible al Río Paraná, notificó formalmente a la Fiscalía General departamental y a la Fiscalía Federal para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos y personal de la empresa, en el marco del artículo 239 del Código Penal (desobediencia de orden judicial) y de la Ley de Residuos Peligrosos N.º 24.051. El expediente judicial aclara que Atanor solo contaba con autorización para volcar efluentes cloacales, no industriales.
Durante una audiencia con integrantes de la Autoridad del Agua de la provincia (ADA), quedó confirmado que la empresa utilizó una conexión clandestina para el vuelco de efluentes industriales, desviando el líquido a través de un ducto que debía estar inactivo y seco. Por ello, la jueza solicitó que se incorpore el incidente al expediente asociado a la medida cautelar de marzo 2024 que había frenado las actividades de Atanor y fue levantada en octubre; y exigió a la Autoridad del Agua un nuevo informe detallado que cuantifique el impacto ambiental de lo sucedido, incluyendo el tipo y volumen de líquidos volcados, las condiciones del suelo y los riesgos asociados.
Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina sostuvo: “Este vuelco clandestino confirma lo que venimos denunciando: Atanor opera con total impunidad, repite prácticas ilegales, desobedece fallos judiciales y pone en riesgo al ambiente y a la salud de toda la población. No estamos ante un accidente, sino frente a un patrón sistemático de contaminación. Es urgente que la justicia actúe con firmeza y que el Estado garantice controles reales para que esto deje de ocurrir.”
Documentación relacionada a este caso:
