La enorme explosión registrada anoche en el Polo Industrial de Spegazzini, en Ezeiza, dejó más de una veintena de heridos, daños en barrios cercanos y una columna de humo negro que se extendió por varios kilómetros. Las causas aún se investigan, pero los primeros indicios señalan que el fuego pudo haberse iniciado en instalaciones vinculadas al almacenamiento de productos químicos —entre ellos, insumos y residuos asociados al sector de los agroquímicos— y luego se propagó a otras empresas del complejo.
El hecho vuelve a mostrar una verdad incómoda: desde Greenpeace advertimos que en Argentina el riesgo asociado a los agrotóxicos no se reduce sino que se naturaliza, y las comunidades terminan conviviendo a pocos metros de sustancias altamente peligrosas del modelo agroindustrial, almacenadas en depósitos y otros complejos productivos sin la información ni los controles que deberían garantizarse.
En la zona afectada operan diversas industrias relacionadas con sustancias químicas, agroquímicos y actividades logísticas, lo que incrementa el nivel de exposición ante cualquier incidente. Sumado a la cercanía con barrios, escuelas y espacios comunitarios, ese entorno convierte un hecho puntual en una emergencia social, sanitaria y ambiental. La explosión de anoche lo evidencia: una chispa puede transformarse en una nube tóxica en cuestión de segundos.
Argentina es uno de los mayores consumidores de agrotóxicos del mundo. Cada año se producen, trasladan, almacenan y usan cientos de millones de litros de sustancias peligrosas, además de miles de toneladas de envases y residuos que requieren una gestión estricta. Sin embargo, las políticas actuales siguen orientadas a facilitar su circulación y disponibilidad, no a disminuir su uso ni a fortalecer la prevención.
Explosiones, incendios y fugas en instalaciones químicas no son hechos aislados: son síntomas de un sistema que prioriza el uso masivo de sustancias tóxicas y que expone a las comunidades a riesgos que no deberían existir.
Por eso, además de la urgencia de investigar lo ocurrido, es imprescindible abrir el debate de fondo: Argentina necesita revisar estructuralmente su modelo químico-dependiente y avanzar hacia sistemas productivos que reduzcan y reemplacen gradualmente los agrotóxicos hasta dejar de depender de ellos.
Aceptar estos niveles de exposición como parte de la normalidad equivale a institucionalizar el riesgo. Ningún barrio debería convivir con sustancias capaces de transformar un accidente industrial en una emergencia sanitaria y ambiental.
Mientras continúan las pericias, es indispensable garantizar información transparente a la población afectada y avanzar en políticas que pongan un límite: proteger a las personas, al agua y al ambiente debe ser la prioridad. Argentina no puede seguir naturalizando el peligro químico. Es momento de cambiarlo.
