- El derecho a la salud está en riesgo, la iniciativa no incluye indicadores sanitarios ni trazabilidad de químicos peligrosos, favoreciendo solo a los intereses económicos
Para la sociedad civil lo que se presenta como una Ley General de Economía Circular diseñada para la protección ambiental, es en realidad una simulación creada bajo criterios económicos y extractivos que relegan la salud y los derechos de las personas a un segundo plano. Organizaciones firmantes denunciaron que esta iniciativa, impulsada por SEMARNAT y legisladores, es un retroceso ambiental y social.
El problema central es que la ley fue elaborada con la participación prioritaria del sector empresarial (incluyendo la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Concamin, y el Consejo Coordinador Empresarial, CCE), en tanto la sociedad civil fue excluida del proceso. La Secretaría de Economía, además, tendrá injerencia prioritaria en los acuerdos, reforzando un sesgo económico por encima del ambiental.
El corazón de la crítica es que la ley perpetúa el daño. En lugar de priorizar la prevención, la iniciativa apuesta por la termovalorización (la quema de residuos), considerada una práctica altamente contaminante, dejando a la población desprotegida. Peor aún, permite a las empresas evadir la responsabilidad real mediante esquemas voluntarios y compensaciones ambientales basadas en “falsas soluciones” como los bonos verdes.
Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, lamenta que se niegue al consumidor la información para elegir productos duraderos y reparables, manteniendo así el modelo de consumo masivo y la obsolescencia programada. De ahí que las organizaciones exigen una revisión profunda para que la ley proteja la salud y no sea simplemente un traje a la medida de la industria contaminante.
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