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Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a decidir libremente su condición política y su desarrollo económico, social y cultural, así como autogobernarse y decidir sobre sus asuntos internos, esto es la libre determinación de los pueblos. ¿Eso cómo beneficia el cuidado del medio ambiente? Te explicamos:

El derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas está establecido en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como en la Constitución de México.

En su definición más amplia, el derecho a la libre determinación se refiere a la autonomía o al autogobierno de los pueblos y comunidades en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. 

En este entendido, cualquier proyecto económico, turístico, o de cualquier índole, que el gobierno federal, estatal o municipal no indígena pretenda desarrollar en territorio indígena deberá ser consultado y aprobado por los pueblos y comunidades, quienes no sólo habitan y trabajan en esos territorios sino que también los preservan y protegen porque en ellos se reproduce su cultura y sus tradiciones.

Un ejemplo muy importante en México de esta defensa de la tierra y el territorio, y de la libre determinación, es la organización de las comunidades mayas en contra de la plantación de transgénicos, granjas porcícolas industriales y varios megaproyectos”. 

Por más de dos décadas, las comunidades mayas de México, ubicadas en Yucatán, Quintana Roo y Campeche, se han opuesto por la vía legal, de protesta pacífica y de organización comunitaria a la siembra de soya transgénica en su territorio, ya que amenaza la soberanía alimentaria de toda la población, la biodiversidad de esa zona y la salud humana. 

Gracias a más de dos décadas de la movilización de los pueblos, de las organizaciones civiles y un sin fin de personas interesadas, en 2021 se consiguió que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitiera un decreto que prohíbe gradualmente el uso de maíz  transgénico y glifosato, no obstante, las empresas transnacionales afectadas con esta decisión, como Bayer-Monsanto, insisten en mantener una vía legal para no perder sus ganancias en México a costa de dañar el medio ambiente y la salud de las personas. 

El pasado 7 de abril, el Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace México presentaron una solicitud formal, respaldada por Indignación AC y 21 comunidades mayas, en la que exigen al gobierno mexicano respetar el derecho de las comunidades indígenas a la libre determinación y la consulta sobre la concesión de permisos para el funcionamiento de las granjas industriales en expansión en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

La solicitud fue dirigida a la titular de la Procuraduría Federal De Protección al Ambiente del Gobierno Federal (PROFEPA), Blanca Alicia Mendoza Vera; la titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Blanca Jiménez Cisneros; y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT), María Luisa Albores González.

Es urgente que se atienda esta solicitud, toda vez que si el gobierno federal garantiza el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados (conforme a los estándares internacionales) sobre estas granjas y otros mega-proyectos, las personas que habitan esos territorios tendrían más herramientas para proteger y defender los bienes naturales y la salud de todo el planeta. 

Actúa para salvar al planeta, ¡súmate!