El activismo es una acción colectiva, organizada, consciente y sostenida que busca generar un cambio positivo, una herramienta poderosa para denunciar injusticias y exigir cambios, pero también es uno de los blancos preferidos de las grandes corporaciones.
Ser activista implica involucrarse de manera directa en acciones enfocadas a transformar injusticias, proteger derechos y promover el bienestar común. El activismo visibiliza a las personas y comunidades vulnerables, alza la voz por sus demandas cuando los gobiernos y las grandes corporaciones no las escuchan.
El problema se agrava cuando las empresas perfeccionan tácticas corporativas para silenciar a quienes alzan la voz: desde la censura encubierta hasta la represión legal, pasando por la manipulación mediática y la criminalización directa.
Un artículo publicado por el diario británico The Guardian en octubre de 2023 expuso estas estrategias de intimidación. Según la investigación, es cada vez más común que los gobiernos aprueben leyes antiprotestas para desalentar y reprimir el activismo ambiental.
Greenpeace bajo ataque, la ofensiva legal de Energy Transfer
Pese a la grave amenaza, Greenpeace continúa con su labor, como lo ha hecho desde 1971, para denunciar públicamente la destrucción ambiental, sin miedo a enfrentarse a corporaciones y gobiernos.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Greenpeace en Estados Unidos y Greenpeace Internacional, organizaciones que, tras participar en protestas pacíficas contra el oleoducto Dakota Access en 2016, han sido perseguidas durante ocho años por Energy Transfer.
El hostigamiento comenzó, cuando la ONG denunció que la construcción de un oleoducto amenazaba los suministros de agua y sitios sagrados de la reserva sioux de Standing Rock, localizada entre Dakota del Norte y Dakota del Sur, en Estados Unidos.
Fue entonces que la empresa estadounidense acusó a la ONG de incitar a la violencia, difamar su nombre y conspirar para cometer delitos en relación con las protestas. En lugar de corregir sus prácticas, Energy Transfer, emprendió una ofensiva legal sin precedentes para aplastar la denuncia con demandas multimillonarias.
En marzo de 2025, un jurado de Dakota del Norte declaró a Greenpeace en Estados Unidos y Greenpeace Internacional culpables de difamación, ordenándole pagar más de 660 millones de dólares a Energy Transfer. Esta condena injusta podría sentar un peligroso precedente legal: si esta fórmula funciona, otras empresas podrían aplastar cualquier forma de disidencia.
En respuesta, Greenpeace Internacional invocó una nueva y poderosa ley de la Unión Europea, en los Países Bajos contra Energy Transfer por daños y costos derivados de esta persecución legal, la cual espera sentar un precedente en la defensa de ambientalistas.
Urge detener las leyes antiprotesta
La criminalización del activismo no es nueva. Durante siglos, quienes defienden la tierra han sido perseguidos mientras las grandes industrias enriquecen a costa del despojo. Hoy, esta represión se disfraza de legalidad.
No es justicia, es censura ¡Basta de criminalizar al activismo!
Por eso, es urgente fortalecer leyes antiprotestas en todo el mundo y proteger el derecho a defender el planeta sin miedo a represalias.
Con tu ayuda, podemos resistir. Apoya nuestra lucha contra los abusos del poder corporativo.
¡Sumate! No dejemos que las grandes corporaciones tengan la última palabra.
Las corporaciones intentan silenciar la lucha por el planeta. ¡Es tiempo de resistir!
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