• Sin llamarlo por su nombre, el nuevo Plan Estratégico de Pemex contempla el uso de fracking para la extracción de gas, traicionando el compromiso por la protección del agua y el ambiente de la 4T. 
  • Las metas que propone Pemex para la extracción de gas fósil conllevan impactos irreversibles al ambiente, agua, clima y a la salud, sumando una incalculable deuda con las futuras generaciones. El gas fósil no es un combustible de transición. 

A pesar de la clara postura antifracking de López Obrador, retomada por Claudia Sheinbaum (“no va haber fracking y eso así se va a quedar” dijo en una mañanera), el pasado martes la Presidenta junto a su gabinete ampliado presentaron el nuevo Plan Estratégico de Pemex 2025-2035. Este tiene entre sus objetivos el incremento de la producción de gas a través de fracking, aunque de forma tramposa omiten nombrarlo diciendo que estimularán yacimientos de geología compleja, en una estrategia para confundir y escudarse frente a la la ciudadanía que hemos exigido por más de una década la prohibición de esta técnica que contamina y atenta contra todas las formas de vida. 

El Plan Estratégico de Pemex 2025–2035 se presenta bajo el discurso de “sustentabilidad energética”, sin embargo su contenido reafirma un enfoque fósil y extractivista, completamente alejado de la transición energética justa que el país requiere. Lejos de plantear un abandono gradual de los combustibles fósiles, el documento refuerza la lógica de seguir extrayendo “lo que ya tenemos”, apostando por ampliar la refinación y el uso de gas fósil como pilar de la autosuficiencia energética, sin considerar sus impactos en la crisis climática ni en las comunidades. Se ignoran las advertencias internacionales, como las de la Agencia Internacional de Energía y la ONU/, que subrayan la necesidad urgente de abandonar los combustibles fósiles para evitar el colapso climático, pretendiendo ir en contrasentido a las obligaciones jurídicas de los Estados de adoptar las medidas adecuadas frente al cambio climático señaladas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la obligación de protección de los derechos humanos en el marco de la emergencia climática subrayada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Además, el documento elude toda referencia a los derechos a saber y participar de las comunidades afectadas por estas decisiones. No hay mención a los impactos socioambientales acumulados de la industria petrolera que incluyen violaciones a derechos fundamentales como el derecho al medio ambiente sano, al agua y a la salud, ni se garantizan mecanismos de acceso a información o participación pública, en violación al espíritu y obligaciones previstas en el Acuerdo de Escazú, ratificado por México. En vez de constituir una estrategia de transición, el plan es una hoja de ruta para la continuidad fósil, escrita bajo eufemismos y ocultamientos deliberados.

El lenguaje técnico del plan está cuidadosamente diseñado para evitar la palabra prohibida: “fracking”. En su lugar, se habla de “yacimientos de geología compleja”, “nuevos esquemas de extracción” y “plays no convencionales”, en clara referencia a formaciones que requieren fracturación hidráulica. Las alusiones a experiencias de Estados Unidos y Argentina, al uso de tecnologías para reducir el consumo de agua dulce, y a la necesidad de participación privada para afrontar riesgos financieros, son señales inequívocas de que el fracking está de regreso, disfrazado de innovación energética. 

El fracking implica riesgos severos e inaceptables para la salud humana y ambiental. La exposición a contaminantes liberados por esta técnica —como metales pesados, hidrocarburos aromáticos, partículas finas, sustancias radioactivas y disruptores endócrinos— se ha vinculado con malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, daños neurológicos y enfermedades respiratorias crónicas, incluso a bajas dosis y en poblaciones alejadas de los pozos. Estos efectos son especialmente graves para niñas, niños, personas gestantes y adultos mayores, y se intensifican por la falta de regulación, monitoreo independiente y transparencia. En paralelo, el fracking degrada los ecosistemas locales al contaminar acuíferos y cuerpos de agua superficiales, deteriorar el suelo y liberar metano y otros gases que agravan la contaminación atmosférica y la crisis climática.

Incrementar la producción de Pemex a través de la explotación de “yacimientos de geología compleja” y de yacimientos no convencionales significa el uso de fracking y de uno de los bienes comunes más importantes que tiene el país: el agua. Entre los casos documentados sobre el grave impacto respecto del volumen de agua requerido por el fracking, resalta el caso de Estados Unidos, donde entre 2010 y 2017, el consumo de agua promedio por pozo con fracking en la cuenca de Eagle Ford, Texas, aumentó más del doble al pasar de 18 a 38 millones de litros de agua dulce por pozo. Otras investigaciones apuntan a que en la cuenca Pérmica -la cuenca más importante en cuanto producción de hidrocarburos mediante fracking en Estados Unidos- el consumo medio de agua por pozo tuvo un incremento de 770%, al pasar de 4 millones 900 mil litros por pozo en 2011, a 42 millones 500 mil litros en 2016. En la actualidad se ha documentado que la gran mayoría de los pozos en donde se emplea fracking en Texas consumen cada uno más de 60 millones de litros, y algunos hasta 151 millones de litros de agua, por lo cual se les conoce como “monsters fracks”. Estos datos muestran que, a pesar de los avances tecnológicos en la explotación de recursos no convencionales mediante fracking, se ha presentado un aumento en cuanto al consumo de agua requerido. Adicional a los grandes volúmenes de agua, es importante dejar en claro que hasta ahora no hay evidencia suficiente que demuestre que es técnicamente viable usar agua de residuo, congénita, o marina como plantea el Plan Estratégico de Pemex. 

El uso del fracking en México, además de ser contrario a la obligación constitucional del Estado de proteger los derechos humanos y prevenir sus violaciones, es una traición a los pueblos afectados por esta técnica en nuestro país, y es un plan destinado al fracaso. Desde hace más de 20 años el potencial geológico de gas fósil y petróleo en México está en declive. Las reservas son insuficientes para cubrir los planes del gobierno de incrementar la producción y cubrir la demanda nacional.

El gas fósil no es un combustible de transición. Exigimos al gobierno de Claudia Sheinbaum el cumplimiento de sus compromisos y los del Estado mexicano, así como hablar con la verdad. El Plan Estratégico de Pemex que hoy vemos corresponde a los objetivos neoliberales de antaño, donde las comunidades son sacrificadas en nombre de un mal “desarrollo” basado en la extracción de combustibles fósiles. Profundizar en México la ruta del extractivismo fósil será un error que las presentes y futuras generaciones tendremos que cargar a cuestas. 

No importa cómo lo llamen, estimulación, recuperación de yacimientos de geología compleja, o lo que se les ocurra en el futuro, ¡prohíban el fracking ya!

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