• Limita la participación de la sociedad civil
  • Acotar el interés legítimo es un retroceso, Cámara de Diputados no debe aprobar la reforma en los términos actuales

La degradación del medio ambiente nos afecta a todas y todos, su defensa en el ámbito legal también nos compete como sociedad, es decir, tenemos interés legítimo, sin embargo, este derecho hoy se ve amenazado.

Desde Greenpeace México expresamos nuestra preocupación ante las reformas planteadas en la Ley de Amparo aprobada por el Senado de la República respecto a la figura del interés legítimo.

El interés legítimo es una herramienta que amplía la base social que puede acceder a juicio, en ese sentido como una organización de la sociedad civil organizada Greenpeace México hace un llamado a la Cámara de Diputados, siguiente cámara a revisar este tema y contemplar los alcances y pertinencia o no de la reforma.

En los términos aprobados se puede traducir en una limitación al acceso a la justicia y coloca en un mayor estado de indefensión a comunidades y colectivos frente a los abusos de poder.

En torno a las modificaciones a la Ley de Amparo aprobadas por el Senado de la República el recién 01 de octubre, resaltamos que desde un primer momento diferentes voces  alertamos sobre partes cuestionables de la iniciativa y particularmente desde Greenpeace México enfatizamos que el foco rojo principal se encuentra en lo relativo a la introducción de un párrafo que supuestamente precisa al interés legítimo, pero que falla al incorporar mayores elementos en una definición ya existente y termina por limitar sus alcances.

Junto con otras asociaciones, Greenpeace México participó en el Parlamento abierto convocado en el Senado y expuso que el interés legítimo es la puerta entreabierta que tiene la ciudadanía para acceder al amparo, y está siendo restringida y al hacerlo se trastoca el espíritu al cual responde su incorporación en la legislación de amparo, que es dar la posibilidad a más personas, entre ellas a colectivos, a acceder a este mecanismo para proteger derechos.

No hay cabida para la reforma en la definición del interés legítimo en la Ley de Amparo puesto que las implicaciones en acotar el acceso a la justicia de las personas no se justifica.

Si bien los legisladores trabajaron en una redacción que puede sonar más aceptable, desde Greenpeace advertimos que sigue siendo insuficiente para respetar la capacidad del interés legítimo de ampliar la posibilidad de acceso a la justicia de las personas y dar cobijo a los derechos colectivos.

De la definición ajustada es preocupante que no aporta a un Derecho más cercano a la población al complicar la comprensión de una figura de por sí compleja, agregando más temas a su descripción, así como que no parece reparar en el impacto que esto puede tener en la práctica, donde se discuten en juicio las mejoras en las condiciones de vida de las personas concretas.

No es posible que se pretenda que para ampliar la protección de derechos, la vía es disminuir los accesos. Por ello pedimos a la Cámara de Diputados respeto a las características que hacen valioso el interés legítimo como una herramienta que amplía la base social que puede acceder a juicio.

Asimismo, manifestamos nuestra extrañeza y preocupación por la introducción de último momento de un artículo transitorio que contraviene la Constitución, al permitir que una ley pueda ser aplicada retroactivamente en perjuicio de las personas; sin que tampoco se advierta una reflexión seria sobre las graves implicaciones que dicha medida tendría en la práctica de ser aplicada como se aprobó. Tomamos atenta nota de lo dicho por la presidenta de la República en su conferencia matutina del 02 de octubre, en el sentido de que la iniciativa original no contemplaba dicho artículo transitorio. Estamos de acuerdo con su declaración en el sentido de que el respeto a la Constitución es primordial y hacemos un llamado a la Cámara de Senadores para que públicamente explique lo ocurrido y a la Cámara de Diputados a que revise con responsabilidad ese punto y, en caso de que contravenga al texto constitucional, lo enmiende de inmediato.