La autorización otorgada a Monsanto para la siembra de soya transgénica en el estado de Campeche abrió la puerta a un escenario de graves impactos ambientales y sociales. La siembra ilegal de este cultivo no solo ha violado la normativa ambiental y de bioseguridad, sino que también ha puesto en riesgo la biodiversidad, contaminando ecosistemas únicos y afectando la producción apícola de la región, actividad fundamental para las comunidades mayas.
Este caso refleja la falta de controles efectivos por parte de las autoridades, así como la negligencia en garantizar el derecho de las comunidades a un ambiente sano y a la consulta previa. La expansión de la soya transgénica amenaza la seguridad alimentaria, la soberanía de los pueblos y la salud de quienes dependen de los recursos naturales de la región, convirtiéndose en un ejemplo claro de cómo los intereses corporativos prevalecen sobre los derechos humanos y la protección ambiental.
