Luego de la aplicación de la multa de 2,5 millones de pesos al empresario Alejandro Braun Peña, la semana pasada la provincia de Salta también multó por más de 3 millones de pesos al dueño de la finca Los Pozos, el empresario puntano Pedro Cignetti, y a Bruno Varela Marín, dueño de la finca La Peregrina. Los dos casos fueron denunciados por Greenpeace por inclumplimiento a la suspensión emitida por la Resolución del Ministerio 56/2018 de Nación.

La organización ambientalista destacó como importantes las medidas tomadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia y espera que la  restauración de la superficie desmontada ilegalmente se inicie de forma urgente. Según Greenpeace, el 80% de la deforestación en el país se concentra en el norte argentino, encontrándose Salta entre las cuatro provincias que más destruyen sus bosques.

“Junto a las 500 mil personas que se sumaron al reclamo hecho al gobernador Urtubey, Greenpeace consiguió frenar la impunidad con que se manejaban los destructores de bosques en Salta. Éstos no pueden ser  casos aislados, ya que cumplir con la Ley Nacional de Bosques debe ser la norma en todo el país”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

A pesar de que en enero de este año la Nación declaró ilegales los permisos de desmonte y la Provincia dictó una resolución que los suspendía y obligaba a la remediación de las zonas afectadas,Greenpeace comprobó mediante imágenes satelitales que las topadoras continuaron arrasando las fincas Cuchuy, Los Pozos y La Peregrina. “Aunque la resolución y la multa se hicieron esperar, lo importante es que no habrá indulto para los desmontadores y que deben reforestar lo destruido. Estamos muy agradecidos a todos los que acompañaron  y ayudaron a desenmascarar a los destructores, reforzando nuestro trabajo como organización independiente”, agregó Cruz.