- Una economía circular segura no puede construirse sobre la contaminación química y falsas soluciones.
- Organizaciones de la sociedad civil advierten que el proyecto de Reglamento de la Ley General de Economía Circular podría perpetuar la contaminación química, debilitar la responsabilidad de los productores y abrir la puerta a falsas soluciones si no incorpora salvaguardas para proteger la salud y el ambiente.
Ciudad de México, 12 de agosto de 2026 – La próxima publicación del Reglamento de la Ley General de Economía Circular representa un momento decisivo para el futuro de la política ambiental en México. Su contenido definirá cómo se implementará la Ley durante las próximas décadas y si la transición que se pretende hacia una economía circular estará realmente orientada a proteger la salud humana, la biodiversidad y el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano.
Con la entrada en vigor de la Ley General de Economía Circular, el Congreso de la Unión otorgó un plazo de ciento ochenta días naturales para la expedición de su Reglamento. En este proceso, organizaciones de la sociedad civil hemos presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) propuestas técnicas y jurídicas encaminadas a fortalecer el proyecto de Reglamento y subsanar los vacíos identificados en la Ley.
La Ley General de Economía Circular fue aprobada y publicada sin un proceso abierto y participativo que permitiera incorporar de manera efectiva las observaciones de la comunidad científica, organizaciones sociales, pueblos y comunidades, academia y otros sectores libres de conflictos de interés. Como advertimos durante el proceso legislativo, ello dio lugar a una Ley con importantes vacíos en materia de protección de la salud, gestión de sustancias químicas, prevención de la contaminación, además de privilegiar mecanismos que favorecen determinados intereses económicos por encima del interés público.
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La comunidad científica coincide en que no existe una economía circular segura si los materiales continúan incorporando sustancias químicas peligrosas que permanecen en los ciclos productivos, se transfieren a nuevos productos o terminan liberándose al ambiente y a las personas.
México tiene el deber constitucional y jurídico de prevenir el daño ambiental y adoptar medidas eficaces para evitar la contaminación desde su origen, bajo los principios de prevención, precaución, progresividad y responsabilidad ambiental. En consecuencia, el Estado debe establecer medidas regulatorias orientadas a la eliminación progresiva de las sustancias químicas peligrosas y su sustitución por alternativas más seguras; garantizar la responsabilidad de quienes producen, importan, comercializan o ponen bienes y materiales en el mercado durante todo su ciclo de vida; e impedir que los costos ambientales y los riesgos para la salud sean trasladados a la sociedad, a las comunidades más vulnerables o a las generaciones futuras. Todo ello constituye una condición indispensable para garantizar de manera efectiva el derecho humano a un medio ambiente sano.
Para mayor información o entrevistas contactar a: Greenpeace México. Sara Del Real, Oficial de Prensa, 5540845320, [email protected]
