- México es centro de origen y de diversificación de plantas como el maíz, el algodón, el frijol, la calabaza, el chile, el aguacate y el amaranto, entre otros.
- El gobierno mexicano ha facilitado la incursión de los transgénicos al país durante los últimos 20 años, lo que amenaza la diversidad genética local.
Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2019.- Al cumplirse 20 años de lucha contra los transgénicos en México, durante los que las administraciones pasadas del gobierno federal han facilitado indirectamente o directamente la incursión de organismos genéticamente modificados (OGMs) sin la debida atención al riesgo que corren los centros de origen y de diversidad genética del país, llegó el momento de cambiar la balanza y poner la bioseguridad antes que la biotecnología moderna, indicaron activistas e investigadores.
En un conversatorio a propósito del informe Los transgénicos en México: 20 años de resistencia y lucha, publicado por Greenpeace México, investigadores, activistas y representantes de distintas organizaciones sociales coincidieron en que el gobierno mexicano actual tiene en sus manos la posibilidad de atender la deuda histórica en la materia a partir de los siguientes pendientes:
- Proteger los centros de origen y diversificación.
- Implementar un etiquetado que garantice el derecho a la alimentación libre de transgénicos.
- Facilitar el establecimiento de zonas libres de transgénicos.
- Corregir el reglamento interno de Semarnat para devolver la capacidad de emitir opiniones vinculantes a los órganos técnicos en la materia (Conabio, INECC y Conanp).
- Hacer efectivo un Régimen de Protección Especial del Maíz (RPEM), previsto en la Ley de Bioseguridad de los OGMs (LBOGMs), que a la fecha permanece en letra muerta.
” A veinte años de que se llevó a la arena pública la discusión sobre la pertinencia del uso de OGMs, y a casi 18 de que se comenzaron los esfuerzos de biomonitoreo en campo para saber dónde y qué tipo de transgenes estaban introduciéndose a los maíces nativos, apenas estamos sentando las bases para pasar de los esfuerzos de biomonitoreo a políticas de bioseguridad integrales y sustantivas, retomando el Principio de Precaución”, explicó en el evento la Doctora Alma Piñeyro Nelson, bióloga por la UNAM y especialista en genética molecular.
“Esta aproximación será importante no sólo para abordar el fenómeno de los OGMs obtenidos por introducción de ADN recombinante, sino para las nuevas tecnologías de edición genética”, añadió la también representante de la Unión de Científicos Comprometidos por la Sociedad (UCCS).
Una parte importante de los pendientes en la protección de la diversidad genética del país pasa por revertir las políticas pro transgénicas del Estado mexicano implementadas durante gobiernos anteriores (particularmente el de Felipe Calderón), con las que se ha promovido el cultivo de organismos genéticamente modificados. Estas políticas quedaron reflejadas en la LBOGM (también llamada Ley Monsanto por su apertura a las actividades de las corporaciones agrotecnológicas) y en su reglamentación, y han implicado, entre otros, aspectos como:
- Incapacidad del Estado para detectar y corregir la contaminación transgénica en centros de origen y especies nativas.
- Marginación de los organismos técnicos del Estado (Conabio, INE y Conanp) en la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones en la materia.
- Contaminación legalizada mediante la laxitud en la importación de productos con transgénicos.
- Incapacidad de entidades, regiones y municipalidades para declarar zonas libres de transgénicos.
- Exclusión de las comunidades locales y de sus necesidades sociales, económicas y culturales en la formulación de políticas de conservación genética y del patrimonio biocultural.
- Ausencia de evaluación de los impactos sociales, económicos y culturales que conllevan los transgénicos.
Mientras tanto, son los eslabones sociales más agraviados por estas políticas quienes han dado la cara por la preservación efectiva de la diversidad genética, como lo ilustran la suspensión a la siembra de soya transgénica lograda por apicultores mayas en Yucatán y Campeche, o la suspensión nacional a la siembra comercial de maíz GM alcanzada por campesinos y organizaciones civiles integrados en la Colectividad del Maíz, recordó Catherine Marielle, especialista en sistemas alimentarios sustentables de la organización Grupo de Estudios Ambientales, A.C. (GEA).
“Comunidades campesinas y pueblos originarios que han resistido por siglos cuidando la diversidad biológica y cultural del maíz, la milpa y sus modos de vida, han sabido tejer alianzas con organizaciones de la sociedad civil y científicos; así es como juntos hemos logrado detener la liberación del maíz transgénico y otros cultivos genéticamente modificados, en una lucha que se libra en todos los niveles, desde los territorios comunitarios hasta las ciudades, ampliando la conciencia acerca de los daños al ambiente, a las semillas libres y la salud; y ejerciendo nuestros derechos ante los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales, con acciones jurídico-políticas en defensa de los bienes comunes”, indicó Marielle.
María Colín, campañista legal de Greenpeace México, recordó que las victorias legales conseguidas por la sociedad civil y las comunidades indígenas y campesinas son “importantes pero están expuestas a violaciones e incumplimiento por parte de los agentes del Estado o por particulares”, por lo que llamó a las autoridades a aprovechar la transición política que vive México para tomar acciones firmes a favor del patrimonio genético de México, empezando por “prohibir, de una vez por todas, la introducción y siembra de maíz y otros cultivos GM en México, centro de origen y diversificación de esas especies en el país”, señaló Colin.
“Demandamos YA hacer efectivo el compromiso de campaña del Presidente López Obrador en el sentido de prohibir la importación y siembra de maíz transgénico a México”, exigió.