La cuestión de si debe autorizarse la realización de actividades mineras en los fondos marinos, incluidas las modalidades de reparto de los beneficios
derivados de tales actividades, se encuentra actualmente en una fase crucial de la gobernanza mundial de los océanos.

El camino a seguir no consiste en acelerar la explotación, sino en reforzar la
legitimidad jurídica y moral del régimen. La moratoria no es un obstáculo al progreso, sino un paso de sabiduría colectiva: un paso que garantiza que las profundidades oceánicas, última frontera del bien común, no se conviertan en la primera línea de una nueva desigualdad mundial.